(En formato rtf)

"Al menos 32 importantes responsables de la administración (Bush) son o bien antiguos miembros de consejos de dministración, o bien consultantes,  una especie de accionistas importantes de sociedades que proporcionan armamento, y 17 de esos responsables (nombrados por el círculo  presidencial) tienen lazos con suministradores decisivos del sistema de  defensa por misiles: Lockheed Martin, Raytheon, Boeing y Northrop Grumman".  Esto es lo que se podía leer en el Washington Post (1) del 18 de agosto de 2002.

Esta situación hacía decir a W.H. Hartung, especialista en cuestiones de  armamento: "En definitiva, la industria del armamento nuclear no tiene  necesidad de grupos de presión en la administración Bush -en un alto grado,  ellos son la administración Bush" (2).

NOTAS

(1) Washington Post del 18 de agosto de 2002.

(2) The Nation, 13 junio 2002.

Esta constatación debe ser apreciada a la luz de la doctrina militar de la  administración republicana sobre el armamento nuclear y sobre su posible  uso. En marzo 2002, fue expuesta, en sus grandes rasgos, por William M.  Arkin, quien explicaba que, por un lado, esta política implicaba "planes  integrados y sensiblemente amplificados para la conducción de guerras
nucleares" y que "iba en el sentido contrario a una doctrina (...) que  hubiera relegado las armas nucleares a la categoría de armamento de último  recurso" (3).

Desde entonces, un gran numero de estudios y de artículos premiten  desprender los tres elementos que llevan a los editorialistas americanos a  subrayar que , hoy, "las armas nucleares no son solo un elemento más del  arsenal" (4).
 
En primer lugar, el Pentángono tiene la misión de poner a punto planes que  implican el uso de armamento nuclear contra enemigos potenciales que  dispongan o no de tales armas. En segundo lugar, el umbral que autorice el  uso de armas nucleares debe ser rebajado: la supervivencia de los Estados  Unidos ya no es el criterio. Las "represalias" contra la utilización de
armas químicas o biológicas en una parte del mundo, un conflicto sobre el  estatus de Taiwan o simplemente "desarrollos militares inesperados"  justificarían el uso de armas nucleares. En tercer lugar, hay que  desarrollar armas nucleares miniaturizadas a fin de atacar bunkers que  resistirían a las llamadas armas convencionales.

Estos destinos "civilizados" del armamento nuclear se inscriben en una  nueva estrategia de despliegue del armamento nuclear. La llamada "nueva  tríada" incluye: 1º un istema de ataque (con armas nucleares y no  nucleares); 2º un sitema de defensa antimisil (escudo); 3º una renovación  de las infraestructuras con ese fin. Vista esta evolución, son legítimas dos preguntas: ¿a qué empresas beneficiarán los nuevos pedidos de  armamento? ¿Quiénes son los representantes del lobby militar que planifican  compras y gastos gigantescos?. En 21 meses, la administración Bush ha  reclamado ya más de 150 millardos de dólares de nuevos gastos en armamento,  mientras que los gastos en seguridad interna se han duplicado: pasando de  18 a 38 millardos de dólares.

A la primera pregunta -¿los beneficiarios?- la respuesta es relativamente  sencilla. La concentración en la industria armamentística se ha operado a  un ritmo sostenido. Se encuentra pues entre los principales beneficiarios  de las rentas presupuestarias un número restringido de sociedades: Lockheed  Martin (constructora del F-16, del F-22 Raptor, del AC-130 y del futuro  Joint Strike Fighter/F-35), General Dynamics (tecnologías de dirección para  diversos tipos de armas), Boeing y su división McDonnell Douglas  (transportadores y bombas "inteligentes": los Joint Direct Attack  Munition), Taytheon (los misiles Tomahawk, Tow, Maverick, Javelin y las  bombas anti-bunker GBU-28...), Northrop Grumman (el bombardeo B-2, el F-14,  el Global Hawk, avión sin piloto...), TRW (Thompson-Ramo-Wooldrige,  especializada en los sistemas de comunicación), Bechtel (constructor de  bases de todo tipo tanto en Nevada como en Arabia saudí o en Qatar).

(3) Los Angeles Times, 10 marzo de 2002.

(4) New York Times, 10 marzo 2002.

Las firmas estrella del lobby militar en la administración Bush rivalizan  con las del sector petrolero. Dick Cheney, el vicepresidente, era miembro  de la dirección de un organismo muy influyente en en el terreno del  armamento: el Center for Security Policy. Su mujer, Lynne Cheney, formaba  parte del consejo de administración de Lockheed Martin y recibía  20.000  dólares por cuatro reuniones anuales. Donald Rumsfeld, secretario de  Defensa, ha estado asociado durante muchos años al Center for Security  Police y miembro de dos comisiones encargadas del estudio del escudo  antimisiles y la militarización del espacio. Stephen Hadley, miembro actual  del Consejo nacional de seguridad, trabajaba para la firma de abogados que  representan a Lockheed Martin. Pete Aldrige, subsecretario de Defensa,  encargado de las compras, viene de la McDonnel Douglas Electronics Systems  (Director General de 1988 a 1992), luego de Aerospace Corporation, que está  en la posición 33 entre los suministradores del Pentágono. Robert Joseph,  asistente especial del presidente Bush, estaba ya presente en la  administración de Bush padre y de Reagan y disponía de una gran influencia  en la National Defense University que mantiene lazos estrechos con la industria de armamento. Paul Wolfowitz, subsecretario de estado para Defensa, ha sido embajador americano en Indonesia de 1986 a 1989 (bajo la  dictadura de Suharto), luego subsecretario de defensa al lado de Dick

Cheney con Bush padre. También ha servido de consultor para Northrop  Grumman. Stephen Cambone, uno de los hombres de Rumsfeld para traducir las  opciones militares en capítulos presupuestarios (es director de la oficina  de programación), fue uno de los directores de investigación en la National  Defensa University. Richard Perle, presidente del Defense Policy Board,  organismo de enlace entre la administración presidencial y el Pentágono, es  conocido por su ardor a favor de una intervención militar en Irak. Sirvió a  Reagan y sigue enseñando en el Instituto de empresas americanas: American  Enterprise Institute. Peter B. Teets, subsecretario responsable de las  fuerzas aéreas, era presidente de Lockheed Martin de 1997 a 1999. Comenzó  su carrera en Martin Marietta (firma de Denver que se fusionó con Lockheed  en 1995). Gordon England, secretario de las fuerzas navales, fue  vicepresidente de General Dynamics de 1997 a 2001.

Noviembre de 2002
*Charles André Udry es miembro de la dirección del mensual
A l´Encontre,
publicado en Suiza por el Movimiento para el Socialismo.
Este artículo
apareció en el n.9, de 2002 (http://www.alencontre.org).

26 septiembre 2002.

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(5) Ver "Gripes over U.S.Grip on Arms Trade", Far Eastern Economic Review, yg