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CAIN nº 3,2,1 Dic.'97 / May.'98 «Nadie debe obedecer a los que
no tienen derecho a mandar» |
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INDICE Adiós a las minas |
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Tratado de Ottawa Cerca de 125 países han dicho adiós a las minas antipersonales al firmar la Convención de Ottawa que prohibe el uso, el almacenamiento, producción y comercio de estos mortíferos artefactos diseminados por todo el mundo. Cientos de Organizaciones No Gubernamentales han conseguido que su trabajo en contra de estas armas dé sus primeros frutos. Durante dos días, los mandatarios de
casi 125 países estamparon su firma en lo que se ha venido a denominar
Tratado de Ottawa. La elección de la citada ciudad canadiense para
albergar tan importante acontecimiento no ha sido casual. El Gobierno
de Canadá ha sido el principal impulsor de este acuerdo, después
de que cientos de Organizaciones No Gubernamentales de todo el mundo
unieran esfuerzos en la Campaña Internacional para la Prohibición
de Minas (ICBL, sus siglas en ingles). El ejecutivo de España, tras su impresentable papel en la anterior conferencia celebrada en Oslo, ratificó el acuerdo abandonando, por fin, los postulados en los que se ha refugiado EE.UU. para no firmar. En aquella ocasión, en la que se decidió la redacción final del Tratado, la delegación española intentó en un primer momento introducir cláusulas para retrasar la entrada en vigor del acuerdo y para permitir el uso de las minas en casos excepcionales. Pero las presiones ciudadanas y diplomáticas obligaron a los representantes españoles a aceptar las tesis mayoritarias. El primer fabricante de armas, convertido en guardián del mundo, EE.UU., se negó a firmar el acuerdo bajo la excusa de que las minas son necesarias para la protección de sus soldados. A pesar de que destacados colectivos de aquel país, como los veteranos de Vietnam, se mostraban a favor de la eliminación total de las minas. Pero EE.UU. no ha sido el único en quedar fuera del acuerdo. Rusia y China, con importantes industrias militares, tampoco han firmado, al igual que Turquía, que junto al país norteamericano son los dos miembros de la OTAN que se han autoexcluido de los compromisos, y Finlandia, el único ausente en Ottawa de la Unión Europea. India, Pakistán, Israel, Siria e Irak, con conflictos bélicos en sus fronteras, también se cuentan entre los países que se han negado a adherirse al Tratado. |
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Todavía queda mucho por hacer, no sólo por estas significativas excepciones, sino porque ahora hay que esperar a que 40 países incorporen dentro de sus legislaciones las disposiciones que contempla el Tratado para que este alcance rango de ley internacional. Los activistas de la campana por la eliminación de las minas se habían dado de plazo hasta el año 2000 para convertir sus reivindicaciones en norma internacional. Todo apunta a que en 1998 ya habrán conseguido ese propósito. Más difícil de lograr será el cumplimiento de otros puntos del tratado, como son la destrucción de las minas antipersonales, en el plazo de cuatro años a partir de la entrada en vigor del acuerdo, almacenadas por cada país y la limpieza de los campos minados en 10 años, salvo que pueda justificarse su aplazamiento. El principal obstáculo es económico. Desactivar una mina cuesta entre 46.500 y 160.000 pesetas. Todavía hay 100 millones de minas en 69 países preparadas para explotar en cuanto algo o alguien ejerza la presión. De hecho, tras la firma del Tratado de Ottawa diversas empresas, entre ellas los propios fabricantes de minas, se han lanzado a competir en el incipiente mercado de la desactivaci6n de minas. "Estamos hablando de un mercado de 50.000 millones de dólares - mas de 7 billones de pesetas-. Pero es un mercado tan reciente que todavía no hay ningún país que tenga una posici6n dominante", decía, según declaraciones recogidas por un enviado especial de cierto periódico español, el portavoz de la exposición montada por estas empresas en Ottawa. La empresa Bofors Canadá, filial de la empresa sueca Bofors que fue propiedad de Alfred Nobel, ha desarrollado un rodillo de tres metros de largo, con unos 300 dientes de una aleación titanio, acoplado a un vehículo de orugas. Las 50 toneladas de peso del equipo se mueven por control remoto. La principal ventaja, según un representante de la empresa, es que desactivar una mina utilizando esta tecnología cuesta 450 pesetas, mientras que si se utilizan personas puede costar 1.800. Thomas Gebauer, director ejecutivo de la ONG alemana Medico International declaró: "Nosotros estamos en contra. No se puede permitir que las empresas que han desarrollado este armamento obtengan beneficios por los dos lados: antes vendiendo y ahora desactivando. Hay razones éticas y morales para oponerse". Y explicaba que "las necesidades de las comunidades en terrenos minados de Asia y Africa no se pueden solucionar con una maquinaria pesada o tecnología cara. La desactivación tienen que realizarla personal local capacitado para ello". Pero no todos los miembros del movimiento por la eliminación de las minas piensan del mismo modo. Jody Williams, premio Nobel de la Paz por su destacado papel dentro de ICBL, exponía: "Algunas personas están radicalmente en contra de otorgar contratos de limpieza a fabricantes de minas. Otros señalan que si una compañía ha renunciado a producir minas y tiene el conocimiento y la capacidad técnica para desactivarlas, ¿por qué no va a poder hacerlo?" La ONU creó en 1995 un fondo para la limpieza de campos minados, que se ha financiado con aportaciones voluntarias de algunos países. Canadá ha anunciado que destinará 100 millones de dólares a este fondo y la misma cifra ha prometido Noruega. Con todo, Williams cree que "es mucho más interesante que los países se comprometan a destruir sus reservas de minas que a dotar de recursos para desactivar los campos". El ejército de nuestro país cuenta con 850.000 minas antipersonales de diversos tipos. La destrucción de todo ese arsenal costara unos 500 o 600 millones de pesetas. El proceso se realizara mediante fundición de las minas en hornos especiales de altas temperaturas. Sin embargo, no serán destruidas todas, puesto que unas miles servirán para el entrenamiento de los soldados españoles, utilizando así una de las cláusulas recogidas en el Tratado. Según han anunciado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. Tras modificar su postura inicial, el Gobierno de Aznar quiere estar entre los primeros 40 países que firmen el Tratado para otorgarle rango de normativa internacional. El camino para ello parece despejado, más aún si se tiene en cuenta que el Parlamento se comprometió hace tiempo a elaborar una ley en ese sentido. Si los sectores mas concienciados se felicitan por el éxito de la Campaña, los expertos en Relaciones Internacionales hablan ya de un nuevo y poderoso agente mundial: la sociedad civil. La paz es una tarea demasiado importante como para dejarla en manos de diplomáticos y televisiones vía satélite. Los arsenales de armas son una de las amenazas más importantes para la convivencia y el respeto entre los pueblos. Se ha conseguido un importante paso con el principio del fin de las minas. El adiós definitivo a las armas está un poco mas cerca. |
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SEGUIMOS
DESOBEDECIENDO Ante el anunciado indulto parcial del Gobierno a los insumisos “condenados” bajo el código penal civil, el movimiento antimilitarista, así como los colectivos sociales que durante largo tiempo nos han apoyado, queremos manifestar que nuestra postura desobediente sigue tan viva como siempre. El pensamiento antimilitarista que mueve la campaña de insumisión pretende conseguir, no un ejército profesional, sino la abolición de los mismos y la superación del modelo militar de defensa. Apostamos por una alternativa noviolenta donde la sociedad sea la que decida de qué y cómo queremos defendernos. Sin embargo, nos encontramos que el Gobierno toma medidas con las que pretende hacer un lavado de imagen ante la constante presión de amplios sectores de la sociedad contra la represión de l@s disidentes antimilitaristas. Además queremos denunciar que la represión continúa, puesto que se sigue castigando a los insumisos con las penas de 4 a 6 años de inhabilitación especial y se mantienen las penas de prisión para los insumisos desertores de los cuarteles. Los pasos del Gobierno se encaminan hacía una militarización cada vez mayor. No hay que ver más que una serie de datos: El aumento del presupuesto militar del Ministerio de Defensa para 1.998, cifrado en un 3.2% con respecto al año anterior mientras que se recortan los recursos destinados a los verdaderos problemas de la sociedad ( paro, precariedad en el empleo, pobreza, deterioro del medio ambiente, política insolidaria con los países empobrecidos, marginación, exclusión social, xenofobia, racismo...). La profesionalización del ejército, con su fuerte carácter intervencionista acorde con su papel en un nuevo orden mundial donde prima la supremacía de unos pocos países sobre la inmensa mayoría. De ahí la plena integración de España en la estructura militar de la OTAN a la que expresamos nuestro más enérgico rechazo. La campaña de militarización en los centros escolares realizada por el Ministerio de Defensa en colaboración con el de Educación, para captar a l@s jóvenes para el nuevo ejército profesional e inculcarles los valores militaristas en los que se sustenta. El aumento de la exportación española de armas a países poco respetuosos con los derechos humanos (véase el caso de Turquía, por poner sólo un ejemplo), además del dinero invertido en proyectos multimillonarios como la fabricación de las fragatas F-100, el proyecto Eurofighter y la adquisición de los tanques Leopard-2. Ante todo esto seguiremos desobedeciendo: haremos y propondremos la objeción fiscal al gasto militar, animaremos a todos los organismos e instituciones públicas a no aplicar la inhabilitación, extenderemos nuestro proyecto sobre Defensa Popular Noviolenta, trabajaremos en la Educación para la Paz, seguiremos utilizando la desobediencia civil como método de transformación y denuncia, seguiremos realizando y promoviendo la insumisión en los cuarteles, denunciando el sistema que permite guerras y genocidios como el de la Ex-Yugoslavia... En estos momentos se encuentran en la prisión militar de Alcalá de Henares Plácido Ferrándiz, Ramiro Paz, Elías Rozas y Miguel Ángel Burón, todos ellos insumisos en los cuarteles. Son sólo 4 de los muchos jóvenes que han optado por desertar del cuartel una vez incorporados a filas para denunciar directamente al ejército como columna vertebral del militarismo. Durante el largo tiempo que llevan en prisión se han producido diversos hechos que quieren que se hagan públicos, como amenazas, incidentes en relación al servicio médico, problemas con las visitas, diversas sanciones que les ha puesto la dirección de la prisión tratándoles discriminatoriamente con respecto a los demás presos, o la denegación de los permisos de salida a los que tenían derecho y en los que contaban con el visto bueno de la Junta de Régimen. Son considerados como “militares, desertores y penados” y, por tanto, tienen recortados sus derechos constitucionales: no pueden hacer declaraciones a ningún medio de comunicación sin el permiso del Ministerio de Defensa, no pueden recibir textos ni libros que traten de insumisión aunque sean con depósito legal, no les han hecho llegar cientos de postales de apoyo que se les han enviado... Por todas estas razones expuestas es por lo que el movimiento antimilitarista y diversos colectivos sociales realizamos la marcha antimilitarista a la prisión militar de Alcalá de Henares el día 10 de Mayo, con el lema “SEGUIREMOS DESOBEDECIENDO”. |
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