página de inicio
 
quienes somos
 
campañas
 
acciones antimilitaristas
 
mujeres antimilitaristas
 
CAIN
 
documentos
 
insumisia
 
enlaces
 
e-mail
     
 

CAIN nº 10 Mar. / Abr.'99

«No es obligación de las personas dedicarse a la erradicación de
mal alguno, pero sí prestar su apoyo.»

Henry David Thoreau (1817-1862)

 
     
 

INDICE

Serra advierte de que España ha de aumentar sus gastos militares ante la integración europea.

Especial: 10 años de Insumisión-30 años de desobediencia.

Dictadura franquista - primeros objetores.
"Democracia" : creación del MOC.
Gobiernos socialistas - inicio de la Insumisión.
La represión
PP - Ejército profesional - Insumisión en los Cuarteles: seguimos desobedeciendo.

 
 
 
     
 

SERRA ADVIERTE DE QUE ESPAÑA HA DE AUMENTAR SUS GASTOS MILITARES ANTE LA INTEGRACIÓN EUROPEA

Transcribimos a continuación un fragmento de un artículo aparecido en el diario Ideal del 17-1-99. El entrecomillado es nuestro. Ciertamente casi no necesita comentarios.

    Serra advierte de que España ha de aumentar sus gastos militares ante la integración europea

    El ministro cree que «pensar que España ya no afronta riesgos es una idea estúpida»  COLPISA • MADRID

Eduardo Serra, ministro de Defensa, es un firme defensor de la necesidad de aumentar los gastos militares, algo que será además inevitable una vez se consolide el proceso de integración europea en materia de seguridad. Serra reconoció en 'Los desayunos de Colpisa' que incrementar el presupuesto de su departamento no será popular, pero pidió a la sociedad que sea consciente de los muchos peligros que todavía nos acechan. «Somos el país de la Alianza Atlántica que menos se gasta en defensa, con diferencia», señaló Serra. El titular de Defensa apuntó que el proceso de integración en «la comunidad de vecinos» que es Europa exigirá en breve «que las cuotas sean iguales» y «alguien acabará proponiendo un plan de convergencia en materia de seguridad y defensa para Europa».

El presidente del Gobierno, José María Aznar, ya ha avanzado que, llegado ese momento, España asumirá su parte. Para Eduardo Serra, ese aumento de la inversión en Defensa es necesario. «Estados Unidos quiere reducir su presencia en Europa y está pensando que hay tres países -Alemania, Reino Unido y España- que deben tomar el relevo, y a mí no me disgusta que me metan en el grupo con ellos». Además, insistió en que esa inversión será «del todo rentable desde el punto de vista industrial y político. La inversión en defensa es la que da más dividendos». Pese a las carencias, el ministro reconoció que está encantado con el reparto de oficiales con mando en la estructura militar de la OTAN que ha conseguido España, muy similar a la de Italia. El aumento de los gastos militares «es muy impopular, pero una cosa es que sea impopular y otra es que sea malo». Serra consideró necesario que la sociedad adquiera conciencia de que todavía hoy existen riesgos que prevenir y amenazas que combatir, «como que llegue una ogiva nuclear o bacteriológica a cualquier ciudad española, y para evitarlo hay que construir unas defensas». Y añadió que otra manera de vencer recelos al aumento de los gastos militares es preguntar a los españoles si les merece la pena defender lo que son. «Si creen que este país es una porquería iremos mal, pero cuando empiezas a saber lo que vales, que de los 200 países del mundo estamos entre los siete u ocho primeros, la sociedad empieza a ser consciente de que eso puede estar en peligro, que mañana un problema en una zona aparentemente lejana puede dejar sin recursos esenciales a media España, con la gente pasando hambre, y es cuando la Defensa empieza a cobrar un nuevo valor».

TRANQUILIDAD ESTÚPIDA

Tras señalar que, hoy en día, un pequeño grupo terrorista puede tener una cabeza nuclear o una cabeza bacteriológica y que numerosos países invierten ingentes cantidades de dinero en armamento químico y bacteriológico, el ministro Serra explicó que la gente que toma el sol en las costas españolas puede pensar que no nos puede pasar nada. «Están en su derecho a pensarlo, pero yo estoy en el mío de avisarles que un tipo tan inteligente como Unamuno, en 1935, decía que si hay algo que se ha terminado entre los españoles es el riesgo a una guerra civil». Serra subrayó que «pensar que no puede pasar nada no deja de ser una piadosa estúpida idea», y recordó que el 15% de la humanidad, repartido entre Japón, Estados Unidos y Europa, consume el 80% de lo que produce el mundo, «lo que es sin duda un factor de conflicto». En este marco, Eduardo Serra defiende con vehemencia un aumento del presupuesto militar que satisfaga las necesidades de unas Fuerzas Armadas que, a partir del 2002, serán por completo profesionales, compuestas por unos 120.000 soldados.

PROFESIONALES Y ESPÍAS

El ministro rechazó cualquier recelo sobre ese Ejército profesional, que se nutrirá de voluntarios, según estudios del Ministerio procedentes de las regiones españolas menos desarrolladas, con mas índice de paro y, sobre todo, con presencia militar. Serán soldados profesionales con bajo nivel de estudios, pero, señala, «a uno que le pagas el salario mínimo, ¿de dónde le vas a coger?, no será fácil que pertenezca a la élite de la Universidad». Eduardo Serra pasará a la historia como el ministro que condujo el proceso de profesionalización del Ejército español. (...)
 

SERRA SE DECLARA DEFENSOR DE LOS GASTOS MILITARES

La opinión del Sr. Serra (Ministro de Defensa) no podía ser más aberrante. Defensor acérrimo de los gastos militares alegando, claro está, nuestra defensa nacional. Pero, ¿alguien puede explicarnos qué defienden?

Nos acechan aún muchos peligros y amenazas, dice, y es que cuando uno le coge el gusto a lo bueno... , qué difícil es largarlo así como si tal cosa.

Los grandes señores de Europa abren la cartera para, en un gesto de envidiable generosidad, engordar en suculentos beneficios, que define de “interés para la integración europea y defensa nacional”. Yo diría que son “beneficios interesantes”, en una fiesta privada “derecho de admisión”.

Sorprendentemente, y con gran orgullo de  Serra y Aznar, entre otros, España adquirió ya su invitación especial para pertenecer a los gigantes.

Tanto es así que España, junto con Reino Unido y Alemania, ha conseguido la mayoría de edad con respecto a EE.UU., quien confía plenamente en que seguirán manteniéndose firmes ante posibles amenazas. Amenazas de ese 80% de la humanidad que en ultraje, soborno y fraude soportan día a día el crecimiento (aumento de gastos militares)  de los valores militaristas que intentan dominar y controlar la producción mundial. Para que, en cuanto unos, siempre pocos, engordan, otros, muchísimos, mueren de hambre. Hambre de libertad, de justicia, de independencia, de diálogo, hambre de solidaridad, hambre de veracidad y coherencia.

Y, ahora, díganos, Sr. Serra ¿defienden nuestro pan cuando millones de parados, mujeres sin futuro profesional, jóvenes que aún no han alcanzado su madurez plena para elegir, son  “bombardeados” y “amenazados” con no tener otra alternativa que el ejército?

Siéntase por ello, orgulloso de poseer cifras, no tan altas como presume, de ingreso a un supuesto ejército profesional que no es sino el insulto de la pobreza popular sometida.

Desde aquí, Sr. ministro, muy agradecid@s porque vele usted tan fielmente por nuestra “seguridad”.

 
    Volver al índice
 
 
     
 

ESPECIAL: 10  AÑOS  DE INSUMISIÓN-30 AÑOS DE DESOBEDIENCIA

DICTADURA FRANQUISTA-PRIMEROS OBJETORES

Es a principios de los años 60 cuando en España se dan los primeros casos de objeción  de conciencia. Se trataba de personas Testigos de Jehová, cuya objeción se debía a razones exclusivamente religiosas.

En el año 70 el primer objetor de conciencia por razones políticas fue Pepe Beunza, cuyo encarcelamiento produjo una serie de protestas nacionales que culminan con la marcha internacional a la cárcel de Valencia, la cual dio resonancia y publicidad a una lucha política que hasta entonces apenas se había conocido. Este año 70, impulsado por la ley de libertad religiosa y las conclusiones del Concilio Vaticano II, el gobierno remite a las Cortes un proyecto de ley, reguladora de la objeción de conciencia por razones religiosas. Por primera vez en la historia de la dictadura, las Cortes Orgánicas rechazan un proyecto de ley del gobierno (la comisión encargada del tema califica a los objetores de psicópatas y traidores). Siguen dándose casos de objetores que son represaliados. La Reforma del código militar del 73 tipifica el delito de negativa a la prestación del servicio militar con una condena de 3 a 8 años.

En el 74 se presenta al gobierno un “Proyecto de Voluntariado para el Desarrollo” avalado por la firma de 1.250 jóvenes que se declaraban dispuestos para realizarlo. Pese a no haber una respuesta oficial, algunos de estos jóvenes que se encontraban ante la inminencia de hacer la mili, inician unos servicios civiles de forma autogestionada en Barcelona,  haciéndolo público mediante un manifiesto que se lee en varias iglesias en la nochebuena del 75. Las detenciones no se hacen esperar, pero el intento anima a otra gente y se crean grupos de voluntariado en Bilbao, Madrid,... Se empiezan a establecer contactos entre objetores de distintas zonas y también con el extranjero, a través de la Internacional de Resistentes a la Guerra (I.R.G.) con sede en Londres.

 
    Volver al índice
 
 
     
 

“DEMOCRACIA” - CREACIÓN DEL MOC

En el año 76, el gobierno promulga un decreto por el que se reconoce la objeción de conciencia de carácter religioso, pero los grupos de voluntariado que se reunían por entonces no se reconocen en este decreto, decidiendo en Abril del 77, no acogerse a él. Esta asamblea tiene como consecuencia el nacimiento de un nuevo grupo: El Movimiento de Objeción de Conciencia.

En el 77 se da la amnistía política y todos los objetores, son puestos en libertad. El ministro de defensa, Gutiérrez Mellado, dicta una orden de régimen interno por la que se concede una prórroga especial llamada de cuarta clase, a todo aquel que se manifieste objetor, dejándolo en situación de incorporación aplazada a la espera de una ley que regule su situación. Esta orden es también de aplicación a aquellos que hayan empezado el servicio militar; salvo en caso de mandos intermedios reacios a aceptar esa orden; durante unos años deja de haber objetores presos en España.

Mientras tanto, el MOC va aumentando, acogiendo de una forma asamblearia a grupos de todas las zonas. El MOC comienza a estudiar su postura respecto al servicio civil y sus métodos de acción. En cuanto a la orientación, hubo dos posturas, una por una organización de objetores tipo sindicato, la cual buscaba la obtención de una ley y una mejora; y la otra, por una organización antimilitarista donde se apuesta por una línea de oposición tanto al servicio militar como al civil.

El 25 de agosto de 1979 se inicia en Landa el primer congreso del MOC que deberá decidir sobre estos temas, llegando mediante consenso a la declaración donde el MOC se define como antimilitarista y asume la estrategia noviolenta. El antimilitarismo es un planteamiento de lucha revolucionaria que se enfrenta a la estructura militar en sí misma, a la estructura de defensa militar (la carrera armamentística, etc.). El antimilitarismo tiene como objetivo dejar el campo libre para que se pueda desarrollar todo tipo de alternativas no represivas, rechazando el actual sistema de defensa armada,  proponiendo como alternativa global la defensa popular noviolenta. El MOC abre nuevos campos de trabajo, destacando especialmente educación para la paz, crítica del juguete bélico y sexista, análisis de las relaciones entre la dominación de la mujer y el militarismo y el estudio de los gastos militares, mientras mantiene la lucha contra el servicio militar y las relaciones internacionales (OTAN...).

 
    Volver al índice
 
 
     
 

GOBIERNOS SOCIALISTAS-INICIO DE LA INSUMISIÓN

Cuando en el 82 el PSOE llega al gobierno se abren esperanzas de cambio en muchos sectores de la sociedad. Sobre la objeción de conciencia las expectativas se basaban en la receptividad que había mostrado el grupo socialista a nuestras propuestas, pero a finales del 83 algo había cambiado, pero a peor. El gobierno no está dispuesto a admitir el derecho a la objeción de conciencia como un derecho fundamental de la persona, sino como una simple causa más de exención del servicio militar obligatorio, causa que por otra parte les interesa controlar al máximo. Por esto y por otros datos aportados por las muchas entrevistas y contactos que se tienen entonces con representantes del gobierno, hace que la preocupación se extienda. El MOC prepara la estrategia de lucha y ésta se concreta en tres fases:

 1. Difusión e información de nuestra postura.
 2. Boicot de la previsible ley y
 3. Desobediencia Civil colectiva si se llega a poner en marcha dicha ley.

Se convocan a asamblea a todos los objetores con incorporación aplazada. El proceso desemboca en un manifiesto de rechazo público al proyecto de ley. Algunos de los puntos de este manifiesto fueron: imposición de una prestación social sustitutoria que es concebida como un castigo, destrucción de puestos de trabajo que podrían ser ocupados por gente en paro, etc.

El 28-12-84 (simbólica fecha) la ley aparece en el B.O.E. Los objetores no aceptan esta ley y se entra en la segunda fase de la estrategia, el boicot de la ley.

El 15-5-85, Día Internacional de la Objeción de Conciencia, es la fecha elegida para la primera entrega de Declaraciones Colectivas de objeción, presentándose en toda España un total de 1.784, 3 días después de esa presentación pública aparece publicado en el B.O.E. la segunda sentencia del Tribunal Constitucional, en la que se trataba el tema de la objeción que se puede resumir en esta frase: La Objeción de Conciencia es un derecho fundamental.

El 4-7-85, el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia (C.N.O.C) reconoce como objetores a quienes presenten la Declaración Colectiva del M.O.C.

El 20-1-88, las declaraciones colectivas llegaron a ser 9.368. El gobierno no puede hacer nada para evitar el aumento de la objeción. Pese a evitar toda publicidad, el derecho sobre la objeción se va conociendo gracias al M.O.C. Los plazos para poner en marcha la prestación social sustitutoria se incumplen. Con Odriozola y Lauzinca  vuelve a haber en España objetores presos. El M.O.C. ve la necesidad de una profundización y clarificación ideológica.

Se llega así al segundo congreso del M.O.C. que se celebra en Mayo del 86, como resultado adopta una Declaración Ideológica cuyo fundamento es la opción por la INSUMISIÓN.

Enero del 88: el gobierno publica el reglamento de la prestación social sustitutoria (P.S.S.). Se dejan de aceptar las declaraciones colectivas sin dar explicaciones; se publica la incorporación a la P.S.S de 20.000 objetores, a razón de 2.500 por año. Pero el gobierno se encuentra con la falta de organizaciones dispuestas a colaborar con él acogiendo a objetores, teniendo que acudir a organismos oficiales (Inserso, Once, Cruz Roja,...)

En el verano del 88 el M.O.C. convoca asambleas extraordinarias  para analizar y discutir a fondo los pasos a dar. La primera presentación de insumisos fue el 20-2-89, cuyo décimo aniversario celebramos. Este día se presentaran 57 insumisos ante los jueces militares dispuestos a ir a la cárcel. Sólo detienen a 11. La Insumisión, la fase de desobediencia civil de esta lucha que comenzó en 1970 está en la calle y desafía abiertamente al gobierno. 2 meses después tiene lugar una segunda presentación de 60 insumisos con sólo dos detenciones. Estas detenciones se producían de manera arbitraria, pues todos se encontraban en la misma situación. Comportamiento que daba la pauta a la posterior conducta de los poderes represores “la represión selectiva”. El primer llamamiento a realizar la P.S.S. fue en abril. Varios días después se presentaron los primeros insumisos a ésta en Barcelona.

Frente a esta campaña el gobierno optó por evitarse problemas y concedió, el 1-12-89,  una amnistía encubierta a 21.490 objetores antiguos, pretendiendo eliminar a un gran número de insumisos y desactivar la campaña de Insumisión. Muchos de estos amnistiados hicieron reobjeción (renuncia a la condición legal de objetor), con lo que volvían a estar en disponibilidad de desobedecer.

 
    Volver al índice
 
 
     
 

LA REPRESIÓN

El primer juicio militar contra insumisos se celebró el 16-11-89. El 3-12-90, un nuevo juicio militar a Antonio Molina que fue condenado a 5 meses. Con esto la institución del ejército sufre un profundo desprestigio; el Ministerio de Defensa optó por la represión selectiva pues hasta el 12 del 91 solo se celebraron 13 consejos de guerra cuando por esas fechas se habían declarado más de 1.200 insumisos al servicio militar.

En 1.989, sólo 31 insumisos resultaron detenidos y su estancia  media en prisión, a la espera de juicio, se redujo a 18 días. Su libertad provisional era solicitada por el propio ejército a través de los fiscales militares. En total, más de un centenar de insumisos pasó por las cárceles militares en régimen de prisión preventiva; la mayoría de ellos por negarse a comparecer a las citaciones militares. En estos centros se les procuraba mantener distanciados de los otros reclusos, muchos de los cuales eran desertores. En cuanto a las condenas sólo uno cumplió su sentencia en prisión militar, las demás se realizaron posteriormente en cárceles civiles.

A principios de Mayo, varios insumisos al servicio militar, encerrados en la prisión de Alcalá de Henares, comenzaron una huelga de hambre que motivó su traslado al Hospital Gómez Ulla. Una vez allí continuaron con la huelga y fueron liberados en cadena.

El primer juicio por Insumisión a la P.S.S. fue el 21-1-91 en Albacete, contra 6 insumisos condenados cada uno a la pena mínima establecida por la ley (2 años 4 meses y un día). El proceso de judicialización se ponía en marcha, aunque también de forma limitada y selectiva. Durante el 91 sólo fueron juzgados  15 insumisos a la P.S.S. Por medio de la ley del S.M. del 91, los casos de Insumisión pasaron a la jurisdicción civil. Mientras el código penal militar fijaba la pena mínima en 1 año el código civil establecía penas mas altas para los dos tipos de Insumisión (a la mili y a la PSS), de 2-4-1 hasta 6 años. De esta forma, el ejército se lavaba las manos pretendiendo dar una imagen de inocencia frente a la represión de los insumisos. En la judicatura civil se producen contradicciones. Numerosos jueces, contraviniendo la propia ley empiezan a dictar condenas inferiores a un año y un día, para conseguir la suspensión de condena y evitar la entrada en prisión de los insumisos a la mili y a la PSS. Algunos incluso dictaron absoluciones, la primera fue la del insumiso Iñaki Arredondo en Marzo del 92.

Durante 1.992 se celebraron 107 juicios, al 65% de los condenados se le impuso una pena de 1 año o inferior. A lo largo de los tres primeros meses del 93 tuvieron lugar 108 juicios, el 77% igual, con penas de 1 año o inferiores. De esta manera se producía un curioso fenómeno que entre los colectivos antimilitaristas se denominaba “lotería de condenas“, la cual traducía la confusión que en el seno del poder judicial estaba creando la obligación de aplicar unas leyes tan represivas como las que castigaban a la Insumisión.

Pero la represión selectiva verdadera se podía descubrir claramente en el ritmo de denuncias de la administración, ritmo que venía dictado por criterios de conveniencia política. Es interesante  el caso de la administración civil y en concreto el proceso de denuncias contra los insumisos a la PSS incoado por la Dirección General de Objeción de Conciencia. En el Informe sobre la PSS, un documento interno de la antigua O.P.S.O.C (Oficina para la Prestación Social de los Objetores de Conciencia) aparece registrado el ritmo de denuncias tramitadas por no incorporaciones entre los años 1989 y 1993. En este documento podemos observar que la Oficina denunció a muchos más insumisos durante 1989 y 1990 que en los años posteriores, cuando el número de desobedientes empezaba a crecer.

Debido a la diversidad de sentencias que dictaban los jueces en el 92 algunos insumisos de Navarra empiezan a renunciar a la remisión condicional, beneficio que se otorgaba a los que tenían condenas de cárcel inferiores a 1 año y un día, suponiendo la suspensión de la condena  y evitando el ingreso en prisión. Esta actitud, que respondía a criterios de solidaridad con sus compañeros represaliados, según el lema: “o todos o ninguno”, acarreaba el cumplimiento íntegro de las penas de prisión. Poco después, el MOC defenderá esta forma de desobediencia que se fue difundiendo por todo el Estado.

A finales de junio del 93, los 28 insumisos presos en la cárcel de Iruña iniciaron una huelga de hambre de una semana que se convirtió en un verdadero acontecimiento para la ciudad. Poco después, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Nafarroa se posicionaba en contra del encarcelamiento de los presos de conciencia.

En Julio del 93 había 58 insumisos en las cárceles del estado español. A principios de Agosto,  el ministro de justicia Belloch anuncia una reforma del Reglamento Penitenciario por la cual se procedía a la calificación en tercer grado de los insumisos (acudir a la prisión sólo a dormir), entre otros colectivos de presos. Con esta medida el gobierno pretendía difundir el mensaje de que todos los insumisos ya estaban en la calle, al paso que seguían reprimiéndolos con penas de cárcel.

El argumento de cara a la opinión pública era que los disidentes antimilitaristas serían encerrados en “centros de inserción”, refiriéndose a cárceles vulgares y corrientes. Precisamente por su efecto publicitario, la medida tendía a aligerar el coste político de la represión, posibilitando una extensión de la misma, siendo eso lo que ocurrió; a partir de ese momento aumenta la frecuencia de juicios y encarcelamientos. Así, de los 58 presos del 93 se pasa a 188 (65 en 2º grado y 122 en 3º) en un año. La primera reacción del Movimiento ante esta estrategia de represión de baja intensidad fue la campaña de desobediencia al 3º grado, llamada también “El Plante “.

En 1993 tuvo lugar la primera presentación de insumisos  que se negaba de manera colectiva al tercer grado,  habiendo dejado de asistir a la prisión desde la víspera; la consecuencia inmediata y segura de esta acción era la recalificación automática en 2º grado y la probable, que posteriormente se daría en algunos casos, nueva acusación por quebrantamiento de condena con penas adicionales de cárcel. Apoyados por el M.O.C, en esta acción coordinada participaron 45 insumisos de todo el Estado.

En 1994 la represión adquirió características especiales. En Abril, 46 insumisos de Iruña realizaron una nueva huelga de hambre limitada con el manifiesto “No des de comer a los ejércitos”. A principios de Septiembre, se produjo la dispersión de 8 insumisos, aislándolos de su entorno familiar y social; la medida de castigo estaba directamente relacionada con las actividades de protesta por las condiciones carcelarias, malos tratos,  etc., de las que eran víctimas los presos de Iruña.

Otra huelga de hambre fue realizada por los presos de Iruña y Zaragoza, de 20 días de duración, para denunciar el carácter militarista y autoritario del sistema penitenciario y, en concreto la dispersión de los 8 insumisos con el lema anterior y para llamar la atención de la sociedad sobre la problemática que planteaba la Insumisión con su actitud desobediente.

Durante los años siguientes continuaron los plantes. El número de presos continuó aumentando hasta niveles inimaginables, en un país que se denomina democrático y respetuoso de los Derechos Humanos. Según datos del MOC, el récord de Insumisos se dio en 1996, con 348 presos, 54 en segundo grado, este número se ha mantenido estable, tendiendo a decrecer. Así, todavía en marzo de 1998 Instituciones Penitenciarias daba la cifra de 60 Insumisos encarcelados.

Con la aprobación, a finales del 95 del nuevo código penal, el llamado “código de la democracia”, la represión adopta un carácter más sutil y más efectivo: atentar directamente contra los medios de vida, trabajo y estudio. Se trataba de marginarlos recurriendo a penas de inhabilitación absoluta: de 10 a 14 años para los insumisos a la mili, más penas de cárcel; y 8 a 12 años para los insumisos a la PSS, más multas que podían llegar a los 35 millones. Pero cabe observar, que el efecto disuasorio de tales penas ha dejado mucho que desear, como lo demuestra el constante aumento de insumisos durante los últimos años.

 
    Volver al índice
 
 
     
 

PP - EJÉRCITO PROFESIONAL-INSUMISIÓN EN LOS CUARTELES: SEGUIMOS DESOBEDECIENDO

Ante el anuncio de profesionalización del ejército por parte del nuevo gobierno del PP, otra campaña de desobediencia comenzó hace poco más de dos años, la llamada Insumisión en los Cuarteles. En marzo de 1997 se presentan públicamente en Madrid varios insumisos que habían desertado mientras hacían la mili. Estos nuevos insumisos se enfrentan nuevamente a penas de cárcel por deserción y consejos de guerra.

Hasta el momento han sido 23 los que han desertado de los cuarteles. Tres cumplen condena firme: Plácido Fernández, insumiso del MOC y Elías Rozas y Ramiro Paz de la ANOC (Asamblea Nacionalista Galega), colectivo que, junto al MOC ha venido impulsando esta campaña de desobediencia.

El 20 de febrero del 99, coincidiendo con el 10º Aniversario de la Insumisión es detenido Javier Gómez Sánchez, insumiso a los cuarteles, en una acción noviolenta. Javier se incorporó a filas el 17 de febrero de 1997 en el cuartel de Araca (Vitoria), dos días después abandonó dicho cuartel declarándose públicamente insumiso a los cuarteles. Tras realizar diversas acciones noviolentas, para denunciar el elevado gasto militar y la profesionalización del ejército, fue juzgado en consejo de guerra el 25 de febrero de 1998 en La Coruña. Fue condenado a 2 años, 4 meses y un día que cumplirá en la prisión militar de Alcalá de Henares, donde actualmente se encuentra, junto con otro insumiso “cuartelero”, Rafael Fernández, quien está en situación de preventivo. Más insumisos cuarteleros tienen ya condena después de sus consejos de guerra, además de anunciarse más juicios militares por deserción (el día 18 de Marzo, en Madrid, será el de Miguel Burón). Pero a pesar de ello nuevos jóvenes desertan de sus cuarteles.

Una vez eliminado el servicio militar, el gobierno apuesta por el ejército profesional, ¿LO CONSEGUIRÁN?. En un artículo de El País del 11-2-99 vemos la “gran cantidad de aspirantes” que optan por ingresar en las fuerzas armadas: en la primera convocatoria de este año se ha obtenido una proporción de 2,6 candidatos por plaza, cuando la mínima es de 3 aspirantes por plaza. Ni el aumento de plazas, ni la masiva campaña publicitaria de  7 meses, donde se han invertido 1.600 MILLONES, ha logrado captar a los adeptos necesarios. En abril, se pretende lanzar otra campaña con un presupuesto de 1950 millones. Para llegar a los 3 aspirantes por puesto necesitan 66.000 candidatos, ¿DE DÓNDE LOS SACARÁN?.

Una de las estrategias del Ministerio de Defensa es la captación de jóvenes en edad escolar. Para ello han iniciado una campaña de propaganda de cara a conseguir reclutas entre esta población y lograr que la sociedad española comprenda y apoye con mayor intensidad la tarea de mantener un dispositivo de defensa adaptado a las necesidades e intereses españoles y, para ello utilizan los centros educativos en los que está la carne de cañón de cara a un ingreso en el ejército profesional. Pero no les va a ser tan fácil. Por todo esto nace, como respuesta  la Campaña contra la Militarización de la Escuela, en 1997.

Hoy en día el Estado Español figura como quinto exportador de armas a nivel mundial. Los 12.000 millones de pesetas en misiles aire-tierra a Turquía son un dato elocuente. Ante esto el Movimiento Antimilitarista promueve también la Objeción Fiscal para construir un mundo desmilitarizado y en paz. Un mundo justo y libre  de guerras y ejércitos.

 
    Volver al índice